El fiscal general Rob Bonta resalta que si las políticas de Trump son enmarcadas en el proyecto de 2025 estaría infligiendo la ley y lo llevaría a los tribunales
“Las libertades de las que gozamos en California están bajo ataque y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ya hemos hecho frente a este desafío antes y sabemos cómo responder”.
Esa fue la primera reacción del gobernador californiano Gavin Newson al conocerse el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, señala El Nacional.
Apenas habían pasado 48 horas, y el demócrata no solo hizo esa advertencia, sino que dio el primer paso para empezar a convertir a California en un estado lo más “a prueba de Trump” posible, para blindar sus políticas antes de que inicie el segundo mandato del republicano.
Convocó así una sesión extraordinaria en el Congreso estatal para el 2 de diciembre, poco más de mes y medio antes de que Trump asuma el cargo.
El objetivo: discutir opciones y aumentar los fondos para potenciales litigios con la nueva administración en cuestiones como la protección a los inmigrantes, los derechos reproductivos y LGBTQ+, o la lucha contra el cambio climático.
La respuesta del presidente electo no se hizo esperar. Usando su apodo favorito para el gobernador, Newscum —un juego de palabras con su apellido y “escoria” en inglés—, y haciendo un guiño a su propio lema de campaña, lo acusó de entorpecer “todas las grandes cosas que se pueden hacer para que California vuelva a ser grande”.
California el estado que más ataques ha recibido de Trump y sus aliados, y el que probablemente, en vista de las promesas electorales, más tiene que perder.
No hay más que fijarse en las potenciales consecuencias que tendría para California “la mayor deportación de la historia de EE UU” que promete Trump.
Ya en la noche electoral, nada más saberse ganador, Trump adelantó que en su segundo mandato se guiará por un lema simple: “Promesas hechas, promesas cumplidas”.
Y esta semana confirmó —en mayúsculas, en su red social Truth Social— que prevé declarar la emergencia nacional y movilizar tropas para devolver de forma masiva a inmigrantes indocumentados a sus países de origen.
California es el hogar de más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero, incluidos unos 1,8 millones sin un estatus legal, según datos del 2022 del centro de investigación Pew.
También es el segundo estado, por detrás de Nevada, que alberga a más familias con miembros con situaciones migratorias mixtas; en las que, por ejemplo, los hijos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento mientras uno u ambos progenitores no tienen papeles.
Hay más de seis millones de hogares con esas características en EE UU, cerca del 5% del total. Y aproximadamente 4,4 millones de niños nacidos en el país viven con algún pariente sin permiso de residencia.